Las zonas rurales, montañosas y aisladas constituyen casi el 80% del territorio de la Unión Europea y engloban al 57% de la población total de Europa. Estas zonas tienen una gran importancia económica, que se refleja en el hecho de que generan el 46% del valor añadido bruto total de Europa. Además, la mayoría de los lugares de interés natural, segmentos del patrimonio cultural y monumentos históricos se encuentran en zonas rurales y montañosas. Sin embargo, estas zonas se enfrentan a importantes retos sociales. Cuestiones como el bajo producto interior bruto per cápita, la elevada tasa de desempleo, los bajos salarios y el rápido envejecimiento de la población suponen una pesada carga para los residentes de las comunidades rurales.

“La economía social abarca entidades que comparten los siguientes principios y características principales: la primacía de las personas, así como del propósito social y/o medioambiental sobre el beneficio, la reinversión de la mayor parte de los beneficios y excedentes para llevar a cabo actividades en interés de los miembros/usuarios («interés colectivo») o de la sociedad en general («interés general») y una gobernanza democrática y/o participativa. Tradicionalmente, el término economía social se refiere a cuatro tipos principales de entidades que proporcionan bienes y servicios a sus miembros o a la sociedad en general: cooperativas, sociedades de mutuo beneficio, asociaciones (incluidas organizaciones benéficas) y fundaciones. Se trata de entidades privadas, independientes de las autoridades públicas y con formas jurídicas específicas. Las empresas sociales se entienden hoy en día generalmente como parte de la economía social. Las empresas sociales operan proporcionando bienes y servicios al mercado de manera empresarial y a menudo innovadora, teniendo objetivos sociales y/o medioambientales como razón de su actividad comercial. Los beneficios se reinvierten principalmente con el fin de alcanzar su objetivo social. Su método de organización y propiedad también sigue principios democráticos o participativos o se centra en el progreso social. Las empresas sociales adoptan diversas formas jurídicas según el contexto nacional” (European Commission, 2021).

La innovación social se refiere a un proceso de cambio social asociado a la capacidad de crear soluciones novedosas a necesidades sociales no satisfechas y de permitir nuevas formas de acción colectiva (Sforzi et al., 2025). La innovación social tiene el potencial de desarrollar nuevos enfoques para abordar los desafíos y problemas sociales, ambientales y económicos en las áreas rurales, beneficiando a una variedad de actores, incluidos los grupos vulnerables.

Las plataformas multiactor (MAPs) de ESIRA son plataformas flexibles compuestas por personas vinculadas a las áreas rurales piloto, que participan ya sea de forma individual o en representación de instituciones (sociedad civil, ámbito político, empresarial y académico), quienes colaboran activamente y se reúnen para co-definir desafíos y co-crear soluciones con el objetivo común de lograr un desarrollo rural inclusivo mediante iniciativas innovadoras de economía social. Las MAPs son actores clave en la facilitación de la innovación social en sus áreas rurales y constituyen activos a largo plazo que pueden activar, ampliar y movilizar nuevos proyectos, procesos de políticas públicas e iniciativas lideradas por la comunidad (Marcos et al., 2025).